Argentina eliminada en primera ronda en el Mundial de Corea y Japón. Eduardo Duhalde presidente de la Nación: se deroga la Ley de Convertibilidad. La Masacre de Avellaneda con el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Año 2002. Pasaron 22 años, que en Argentina, que tiene su propio calendario de sucesos, pueden multiplicarse Ad Infinitum.
Lo que pasó desapercibido hace dos décadas fue el vencimiento del contrato de concesión del peaje del Corredor Vial 18, que incluye el Puente Rosario-Victoria y las rutas nacionales 12 y 14 (claves en el intercambio comercial con el Mercosur) según estipula el pliego original.
Jorge Zatloukal, miembro del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la prórroga del contrato de concesión de estas rutas. Zatloukal precisa en la denuncia que "la prórroga fue aprobada por la Resolución 144 de Vialidad Nacional, del pasado 8 de abril firmada un día antes que venciera el contrato", cuestionando asimismo que como único argumento se esbozó que no existen operadores y que se llegó a esa conclusión sin haber llamado antes a una licitación pública.
Las áreas involucradas -la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la empresa estatal Corredores Viales S. A.-, dependen del Ministerio de Economía, dirigido por Luis "Toto" Caputo, que pasó de "Messi de las finanzas" con Mauricio Macri a director técnico de la Armada Brancaleone con la administración libertaria.
La denuncia, radicada en los juzgados federales de Comodoro Py, será analizada por Julián Ercolini y señala un perjuicio millonario para el Estado.
En su escrito, Zatloukal destaca que la prórroga -aprobada por la Resolución 144 de Vialidad Nacional- se firmó un día antes del vencimiento del contrato y sin haber convocado a licitación pública. También cuestiona que Corredores Viales S.A. no haya asumido la continuidad de la concesión y el cobro de los peajes, que es una de las obligaciones irrenunciables de su estatuto.
El denunciante sugiere que esta prórroga beneficia a la empresa concesionaria y va en contra de la transparencia en las contrataciones públicas y la libre competencia, contradiciendo el discurso oficial de libre mercado. Además, señala posibles violaciones a la ley de Defensa de la Competencia.
Autopistas del curro
Pero no es la primera vez que las concesiones se renuevan sin atravesar un proceso lícito. Durante la gestión macrista, en la que el propio "Toto" se desempeñó como Secretario de Finanzas hasta que decidió ir a tomar sol a Río de Janeiro, el periodista Alejandro Bercovich destapó el caso que se conoció como "Autopistas del Curro". Debió haber sido un escándalo, pero el avispero de la república apenas se agitó.
La revelación, que tuvo su correlato en la Justicia, se refiere a las presuntas maniobras a través de las cuales las empresas Ausol y el Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y que el Estado les reconociera supuestas deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.
A esta renovación automática hay que sumarle las condiciones, favorables leoninamente para la empresa: aumento de tarifas a un ritmo descontrolado, peajes dolarizados a precio contado con liqui, facilidades para sacar el dinero del país a la casa matriz en España.
Negocios que marchan rápido, como en una autopista; peajes con barrera solo para los usuarios. Para las empresas y los funcionarios, Telepeaje y alfombra roja.
