El impacto de la motosierra en la lucha contra la trata
"Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro", reconoció el presidente Javier Milei. "Es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres con tal de destruir al Estado". dijo el presidente durante una entrevista a un sitio de noticias de los EE.UU. Las consecuencias de tener un topo infiltrado destruyendo toda la estructura estatal no tardaron en llegar.
La errática investigación por la desaparición de Loan es el botón de muestra de un Estado ineficiente que lejos de optimizarse con el filo de la motosierra solo profundiza su ineficacia. La causa del menor pasó este lunes a la Justicia Federal, ante las sospechas de un caso de trata de personas. Para los fiscales que investigaron hasta hoy, al chico lo secuestraron con fines de explotación. ¿Por qué se tardó tanto en llegar a esta conclusión? y ¿qué recursos tuvo y tiene la justicia para enfrentar un caso de trata infantil?
Según el organigrama del Estado son tres los ministerios abocados a la lucha contra la trata de personas: Seguridad, Justicia y Capital Humano. Este último envuelto en una trama de corrupción en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) donde debería ejecutarse el programa "Restituir", una prestación económica para las personas víctimas del delito de trata. Pero la Senaf está virtualmente paralizada en medio del escándalo por sobresueldos y la expulsión reciente de la mayoría de sus funcionarios comenzando por Pablo De la Torre.
De acuerdo con un informe elaborado por ACIJ, una ONG dedicada a fortalecer el sistema institucional, en 2023, las actividades del programa Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, que depende del Ministerio de Justicia, tenía un presupuesto de 650 mil millones de pesos y en el primer trimestre de 2023, se ejecutaron 437 mil millones. En cambio, en el primer trimestre de 2024, se sub ejecutó la partida, lo que ajustado por inflación implicó un recorte del 94,5%.
Pero hay más, el gobierno desguazó el Comité de Lucha contra la Trata. Según denunció la fundación La Alameda en abril, 40 delegados y delegadas de todo el país pertenecientes al Comité fueron desvinculados del organismo lo que implica un desmantelamiento de toda la estructura federal y fundamentalmente que la asistencia a víctimas esté frenada. "Había un delegado por provincia y esos delegados tenían la función de articular las mesas entre organismos de provincia, Nación, judiciales, sindicales y de la sociedad civil. Gestionaban ordenanzas y proyectos de ley y participaban como veedores en inspecciones o allanamientos", explicó al portal Somos Télam Gustavo Vera, exdirector del Comité.
El Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas, pasó de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la órbita del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. El traslado generó dudas, la Ley de trata indica que el Comité debía depender de la Jefatura de Gabinete para crear políticas públicas acordes. Sin embargo la lógica de Seguridad es otra vinculada a la política de persecución criminal y no de contención ni asistencia a las víctimas.
El organismo fue creado en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, a partir del pedido de Susana Trimarco, madre de 'Marita' Verón, secuestrada y desaparecida en 2002 por una red de trata de personas con fines de explotación sexual en Tucumán. El objetivo del Comité es "coordinar el diseño y la planificación de la política pública en materia de prevención, persecución y asistencia a las personas damnificadas", según destaca su página web. Junto al Comité se creó el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata como un ámbito de acción y coordinación institucional para el seguimiento de los diferentes temas vinculados a este delito y la línea 145 para recibir denuncias de trata. Una maquinaria desguazada por el "topo infiltrado" que ya muestra sus primeras consecuencias: se cumplen 12 días sin que el Estado pueda encontrar a Loan.